El presidente colombiano Gustavo Petro se encuentra en el radar de las autoridades judiciales de Estados Unidos, que han abierto investigaciones para determinar si el mandatario mantuvo encuentros con narcotraficantes o si su campaña presidencial recibió financiamiento ilícito de grupos criminales. Aunque los procesos están en una fase preliminar y no se ha confirmado si avanzarán hacia acusaciones formales, el escrutinio refleja la creciente desconfianza entre ambos países, en un contexto de tensiones políticas que han marcado la relación bilateral en los últimos meses.

Las pesquisas, según fuentes cercanas al caso, buscan esclarecer si Petro sostuvo reuniones con figuras vinculadas al narcotráfico durante su trayectoria política o si su equipo de campaña aceptó donaciones de origen sospechoso. Hasta el momento, no hay indicios de que la Casa Blanca haya intervenido directamente en el inicio de estas indagatorias, aunque el clima de distanciamiento entre Washington y Bogotá ha alimentado especulaciones sobre posibles motivaciones políticas detrás de las investigaciones.

La relación entre Colombia y Estados Unidos entró en una espiral de fricciones desde principios de 2025, cuando el presidente Donald Trump inició su segundo mandato. El primer gran choque ocurrió en enero de ese año, cuando Petro se negó a permitir el aterrizaje de vuelos militares estadounidenses que transportaban ciudadanos colombianos, una decisión que Washington interpretó como un gesto de hostilidad. Las diferencias se profundizaron en los meses siguientes, con desacuerdos en temas como la lucha contra el narcotráfico, la política exterior y el manejo de la crisis migratoria.

El punto más álgido llegó en septiembre de 2025, cuando Estados Unidos canceló la visa del mandatario colombiano tras su participación en un evento en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU. En ese acto, Petro lanzó un llamado a los militares estadounidenses para que desobedecieran órdenes de su gobierno relacionadas con la guerra en Gaza, una declaración que generó malestar en la administración Trump. La medida contra su visa fue vista como una represalia diplomática, aunque las autoridades estadounidenses argumentaron que respondía a “violaciones de las normas migratorias”.

A pesar de las tensiones, el diálogo entre ambos gobiernos logró una tregua a principios de 2026. Una llamada telefónica entre Petro y Trump en enero abrió la puerta a una serie de reuniones de alto nivel, que culminaron con un encuentro entre los dos mandatarios el 3 de febrero. Aunque el encuentro no resolvió las diferencias de fondo, permitió un acercamiento temporal y evitó un mayor deterioro en la cooperación bilateral, especialmente en áreas sensibles como la seguridad y el comercio.

Mientras tanto, el presidente colombiano ha rechazado las acusaciones en su contra, calificándolas de “persecución política” y asegurando que su gobierno mantiene un compromiso firme con la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, el hecho de que las investigaciones sigan abiertas mantiene en vilo a la opinión pública, tanto en Colombia como en Estados Unidos, donde algunos sectores ven con recelo las políticas de Petro, especialmente en materia de seguridad y relaciones internacionales.

El futuro de estas pesquisas es incierto. Expertos en derecho internacional señalan que, para que prosperen cargos penales contra un mandatario en ejercicio, se requeriría evidencia contundente y un proceso legal complejo, que podría extenderse por años. Mientras tanto, la relación entre ambos países sigue en una fase de ajuste, con intereses estratégicos en juego que van más allá de las diferencias personales entre sus líderes. Lo que está claro es que, en un escenario de polarización global, la alianza entre Colombia y Estados Unidos enfrenta uno de sus mayores desafíos en décadas.